Año | Year: 2022

Volumen | Volume: 10

Número | Issue: 2

DOI: http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v10i2.557

Recibido | Received: 30-6-2022

Aceptado | Accepted: 4-5-2022

Primera página | First page: 207

Última página | Last page: 225

Este artículo es un estudio sobre el impacto de ETA y grupos afines en La Rioja durante la transición a la democracia. Con el objetivo de radiografiar sus acciones en este territorio se realiza un acercamiento al fenómeno a través de un heterogéneo número de víctimas originarias o avecindadas en la comunidad riojana entre 1977 y 1982, a las que se sitúa en un primer plano atendiendo a sus biografías, a la tipología de atentados que les afectaron y a las circunstancias en las que se produjeron sus muertes. Para ello se concede una especial atención a cómo los grupos terroristas plantearon diferentes estrategias de ataque donde incluyeron a este territorio como una zona de conflicto. El trabajo se ha realizado con una metodología de carácter empirista y de enfoque cualitativo, donde la perspectiva victimológica, la historia política, la microhistoria y la memoria son pilares fundamentales. Así, se concluye que La Rioja no fue un territorio ajeno a la violencia etnonacionalista y se subraya que no fue una zona segura si se valora la tipología de atentados y el uso del territorio para el despliegue de nuevas estrategias procedimentales que exportar al resto del país.

Palabras clave: ETA, Comandos Autónomos Anticapitalistas, La Rioja, Transición, víctimas,

This paper is a study on the impact of ETA and related groups in La Rioja during the transition to democracy. In order to x-raying their actions in this territory, an approach to the phenomenon is made through a heterogeneous number of victims originating or residing in the Riojan community between 1977 and 1982, who are placed in the foreground according to their biographies, the type of attacks that affected them and the circumstances in which their deaths occurred. For this, special attention is paid to how the terrorist groups proposed different attack strategies where they included this territory as a conflict zone. The work has been carried out with an empiricist methodology and a qualitative approach, where the victimological perspective, political history, microhistory, and memory are fundamental pillars. Thus, it is concluded that La Rioja was not a territory foreign to ethnonationalist violence and it is emphasized that it was not a safe area if the type of attacks and the use of the territory for the deployment of new procedural strategies to be exported to the rest of the country are assessed.

Key words: ETA, Autonomous Anti-capitalist Commandos, La Rioja, Transition, victims,

Mota Zurdo, D. (2022). Vecinos en el punto de mira. Las víctimas del terrorismo etnonacionalista vasco en La Rioja (1978-1982). methaodos.revista de ciencias sociales, 10(2): 207-225. http://dx.doi.org/10.17502/mrcs.v10i2.557

1. Introducción

Tras el final de la actividad armada de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), en televisión, radio y prensa ha habido cierto debate sobre cuál ha sido el número real de víctimas mortales que causó la organización terrorista vasca o cuál fue su implicación en atentados sin esclarecer. Aunque en la actualidad la atención prestada a las víctimas ha mejorado si se compara con otros periodos de la historia como las décadas de 1970 y 1980, que fueron de desgarrador olvido, lo cierto es que si se examina en perspectiva la historia y la memoria del terrorismo los victimarios continúan atrayendo casi todos los focos. La reconstrucción de su currículum criminal ocupa gran parte de la atención mediática, más que la reconstrucción de la historia de aquellas personas cuya vida cambió de súbito por una acción criminal destinada a imponer un objetivo político.

La atención dedicada a las víctimas se ha concentrado en la mayoría de los casos en ofrecer números sin identidad. Esta ausencia de nombres y apellidos ha contribuido a deshumanizar a la víctima, a cosificarla y a someterla a una homogeneidad artificial alejada de su historia de vida, de su identidad. Las cifras esconden vidas rotas y su anonimización entierra una parte fundamental del relato sobre la violencia vivida. Pero no todas las víctimas tienen tal condición por el mismo motivo; es decir, su sufrimiento no tiene un origen similar. En todas ellas existe el punto coincidente de dolor intrínseco a una acción injusta. Sin embargo, este no es simétrico. En el ámbito político, académico y mediático se ha tendido a poner al mismo nivel violencias muy dispares (represión, acción terrorista, violencia parapolicial, abusos policiales, género) que, en cambio, no son equiparables. Porque la homogeneización del dolor es injusta y contribuye a diluir la naturaleza de su victimización en una amalgama de violencias que impide significarlas.

Esta es una consecuencia lógica a más de medio siglo de terrorismo en España, donde la tónica habitual fue contabilizar el número de fallecidos y ofrecer detalles escabrosos faltos de sensibilidad sin reconstruir la historia de las víctimas. Es muy importante que la historia de vida de estas personas no se obvie. Debe reconstruirse y ponerse en un primer plano, porque si bien nuestra sociedad no puede cerrar su herida, sí puede contribuir a reparar parte de su sufrimiento con una narrativa ecuánime. Siguiendo a Martín Alonso (2012: 193-194)^Ref2, nuestra sociedad debe recordar la memoria de quienes fueron objetivo de la violencia política elaborando un relato restaurativo que en sí mismo es beneficioso para el resto de la ciudadanía. Contribuye a reparar a las víctimas y sus familias, restituyendo su recuerdo. Es una forma metafórica de resucitarlas y de dotar “de sentido a la existencia de los supervivientes”, como han indicado Fernández Soldevilla y López Romo (2019, p. 77)^Ref12. Este recuerdo de las víctimas, además, ayuda a prevenir la radicalización, porque desmonta cualquier atractivo que pudiera generar el uso de la violencia. En síntesis, contribuye a fomentar un mayor civismo, afianzar la sociedad democrática y defender la tolerancia como principio moral.

A diferencia de la década de 1980, en la actualidad hay un claro interés y una plena voluntad por sacar a la luz la microhistoria de las víctimas y poner en un primer plano su memoria, pero cabe indicar que hay cierta asimetría en la atención prestada a cada una. Un ejemplo es el significativo segundo plano que han ocupado las víctimas que ETA causó en La Rioja y en personas de origen o avecindadas en esta comunidad autónoma. Éstas han quedado en su mayoría en un segundo plano ante las más carismáticas a pesar de que en este territorio se produjeron atentados de importante impacto durante la transición a la democracia, como se verá en este artículo.

El impulso de instituciones memorialísticas para preservar la historia de las víctimas del terrorismo ha puesto de manifiesto que tanto el Gobierno de España (Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, CMVT) como el Gobierno Vasco (Gogora. Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) tienen un claro interés por canalizar el pasado traumático del terrorismo y la violencia política. Pero ambas utilizan narrativas divergentes, donde la primera institución aboga por construir un relato historiográfico sobre el terrorismo, y la segunda, siguiendo a Rivera (2021: 267)^Ref32, mezcla violencias priorizando un “relato coral de memorias del sufrimiento”.

En La Rioja, ante la ausencia de una institución autonómica dedicada a la memoria de la violencia política, la iniciativa ha quedado en manos de los colectivos de víctimas como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), así como de fundaciones públicas adscritas al Gobierno central como la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) o el citado CMVT. Es evidente la implicación de la ARVT y la AVT en la labor de memoria y dignificación de las víctimas en el territorio riojano, como atestiguan su implicación en numerosos actos de homenaje, reuniones con líderes políticos, presentación de libros sobre atentados y víctimas del terrorismo o la organización de eventos como las III Jornadas sobre Terrorismo que se celebraron en noviembre de 2020 en Logroño y la exposición Vivir sin miedo, vivir sin memoria.

Junto a la labor de visibilización que hacen estas asociaciones resulta fundamental la labor de investigación. Principalmente, para descubrir una realidad histórica que a menudo sigue oculta. Solo el conocimiento histórico contrastado y riguroso nos permitirá concienciar a la sociedad de que el uso de la violencia nunca puede ser un medio legítimo. La investigación es, por tanto, determinante para esclarecer los hechos, derribar mitos y asumir el trauma sufrido en toda su integridad. Esta contribuye a leer la página del terrorismo y, sumándola al relato de los hechos, seguir hacia delante, haciendo que el conocimiento científico sobre el tema investigado entre a formar parte de la memoria colectiva y de la verdad histórica.

Este trabajo, un pequeño acercamiento al fenómeno terrorista en La Rioja y contra sus vecinos y naturales, trata de calibrar el impacto que tuvieron las acciones de ETA sobre esta comunidad y su sociedad, analizando a víctimas y atentados arquetípicos de la organización durante la Transición. Para ello, desde una óptica habitual en los estudios del terrorismo, situada en la línea de Avilés (2010)^Ref4, Rivera (2018a^Ref34 y 2019^Ref33), Pérez (2020)^Ref31 o Fernández Soldevilla (2021)^Ref14, combinada con la perspectiva de la historia de las emociones, de acuerdo con la hermenéutica aplicada por Marrodán et al. (2014)^Ref24, Hidalgo (2018)^Ref20 e Hidalgo y Comonte (2020)^Ref19, que sitúan a la víctima en el eje del relato, se examinan las circunstancias en las que se produjeron las acciones terroristas, cómo se informó en la prensa de lo sucedido y qué perfil cumplieron las personas asesinadas (políticos, empresarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, FCSE).

2. Metodología

En este estudio sobre el terrorismo etnonacionalista en La Rioja se utiliza una metodología analítica que parte de la narración de los hechos a través del uso y cotejo de fuentes primarias y secundarias. La exégesis de estas se ha hecho atendiendo a una pluralidad de enfoques como son la victimología, la historia política, la memoria, la historia de las emociones y la microhistoria, sobresaliendo este último. Esto se debe a que la perspectiva de análisis parte de un conocimiento inferido y de razonamiento deductivo cuya finalidad es contribuir a complejizar las conclusiones generales que hay sobre el fenómeno del terrorismo endógeno vasco desde un estudio particular y concreto, como el aquí presentado, a fin de revisar los paradigmas historiográficos canónicos que consideran que el impacto de las acciones de ETA y grupos afines en comunidades periféricas como la riojana fue subsidiario.

Puesto que el eje discursivo de este trabajo se ha construido atendiendo a las víctimas y su memoria, se acude a autores de referencia como Gatti (2014)^Ref15, Montero (2018)^Ref25 o Rivera (2019)^Ref33. Estos últimos han subrayado las lecturas sesgadas que hay sobre el terrorismo y la importancia que tiene la investigación para su desmitificación. De hecho, añadimos, siguiendo a Delgado-Algarra y Estepa-Giménez (2016)^Ref8, que vincular memoria y educación ciudadana a la hora de afrontar el terrorismo es clave, sobre todo ante la multiplicidad de memorias: individual, social, histórica, conflictiva y selectiva. La combinación de estos enfoques permite establecer un hilo argumental sólido, donde no impera la simple yuxtaposición de recuerdos y en el que la historia de vida de los protagonistas cobre sentido en la transmisión del relato sobre el pasado violento y traumático derivado del terrorismo, atendiendo además a un espacio geográfico concreto: La Rioja.

También son muy útiles a este estudio las aportaciones de Gatti (2014)^Ref15, que en sus trabajos ha categorizado los procesos de victimización en España. Este enuncia cinco rasgos, pero nos interesan principalmente dos: el que es consecuencia del trauma provocado por la violencia política y el que es fruto de la existencia de “un lugar de legitimidad” basado en una “matriz biologicista” que favorece la construcción de la identidad de la víctima sobre aspectos como la solidaridad y/o los lazos familiares. Los trabajos de Martín Peña (2013)^Ref23, Subijana (2009)^Ref36 y Beristáin (2007)^Ref5 son también un marco idóneo para encajar la tipología de estas víctimas, pues en estos estudios se contemplan tanto las causadas de forma directa por la violencia física y psicológica como las indirectas, que incluyen a familiares y colectivos amenazados.

3. Resultados

3.1. Julio Martínez Ezquerro: el primer edil riojano asesinado por ETA

Los últimos meses de 1977, año en el que se celebraron las primeras elecciones libres tras la dictadura, fueron muy tensos y estuvieron marcados por las acciones de ETA, tanto de la organización político militar (ETApm) como de la militar (ETAm), para condicionar el proceso de cambio político en España. Principalmente, fue ETAm¹ la^Ref27 que reaccionó desaforadamente con varios atentados contra el contexto esperanzador de cambio que se presentaba tras la reforma política. Según Fernández Soldevilla (2021)^Ref14, ETA vio con recelo la reforma Suárez al constatar un notable descenso de las movilizaciones sociales y políticas en Euskadi, lo que a todas luces dejaba fuera de juego a su estrategia de hostigamiento al naciente régimen posfranquista y la búsqueda de su objetivo independentista. Por eso, la organización terrorista buscó no dejar opción y decidió tomar la iniciativa.

Tras la ratificación de la citada reforma política, consistente en la elaboración tanto de la Constitución como de recoger las reivindicaciones de soberanía vasca en un marco preautonómico y la excarcelación de presos de la banda armada, ETA asesinó a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Bizkaia, y señaló que, aún habiendo una amnistía total a los presos de la organización (en opinión del Ejecutivo Suárez, una vía propicia para rebajar el número de atentados y muertes) esta no cejaría en su objetivo de liberar a Euskadi de la opresión (Marrodan et al., 2014^Ref24; El País, 16-VII-2019^Ref46).

En este contexto, ETA desarrolló su estrategia de atentar mortalmente contra miembros de las Fuerzas de Orden Público y cargos nombrados durante el franquismo (alcaldes y presidentes de las diputaciones, fundamentalmente), lo que en plena Transición no implicó que forzosamente estuvieran ideológicamente en la órbita del régimen saliente. De este modo, el 16 de diciembre de 1977, asesinó a Julio Martínez Ezquerro, concejal del Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa), dentro de la campaña de eliminación de “autoridades municipales seleccionadas” cuyo objetivo era ejercer presión con estas muertes y así conseguir desmantelar lo que a su juicio era la continuación del régimen franquista. Desde la violenta muerte de Víctor Legorburu en Galdakao (Bizkaia) en 1976, diferentes alcaldes y cargos políticos dimitieron en masa, dándose una verdadera oleada, con ayuntamientos prácticamente descompuestos por la desbandada producida.

No obstante, hubo algunos que se negaron, como Martínez Ezquerro, que fue “uno de los cuatro únicos concejales que siguieron en activo” en el Ayuntamiento de Irún tras lo sucedido con los cargos políticos entre finales de 1976 y 1977. Martínez Ezquerro, natural de Pradejón (La Rioja), de 45 años, era propietario de un quiosco de prensa en la localidad guipuzcoana. A decir de Pérez (2020)^Ref31, “una víctima fácil”, con una rutina horaria bien establecida, cuyos movimientos podían ser seguidos fácilmente al tener un establecimiento de cara al público.

En el ya citado día de diciembre, en torno a las nueve de la noche, Julio Martínez cerró su negocio y tomó su coche para volver a casa como cualquier día de su jornada. Sin embargo, ese día, dos pistoleros de ETA le esperaban en la puerta de su garaje. Cuando se aproximaba a la entrada, fue disparado mortalmente en la cabeza y en el tórax. Martínez Ezquerro vivía en la calle Larretxipi de Irún, la misma en la que semanas antes un pistolero de ETA había acabado con la vida del sargento de la policía municipal José Díaz Fernández (La Rioja, 5-V-2018)^Ref47.

Su viuda, Rosario Sánchez, relató años después lo ocurrido con profundo dolor^Ref47:

Recuerdo que le estaba preparando el bocadillo a mi hija que, por entonces, acababa de cumplir quince años. Vi el coche por la ventana y le dije: 'ya viene tu padre'. Entonces, oímos la metralleta y mi hija me preguntó: '¿qué pasa?' y le dije: 'ya han matado a tu padre'. Bajé a toda velocidad las escaleras del tercer piso en el que vivía y aún llegué para pedir a gritos una ambulancia. Nadie me hizo caso, me decían que había que llamar al juez, pero yo quería una ambulancia (La Rioja, 3-IX-2008).

En otras declaraciones hechas por Rosario el 17 de diciembre de 1977 quedó patente una circunstancia que se desprende del extracto previo: la atmósfera de silencio, angustia y de temor de la Euskadi de la Transición y la complicidad (in-)directa de parte de la sociedad vasca con las acciones terroristas, que contribuyó a que la soledad vivida por la familia de la víctima fuera aún más lacerante. Tras percatarse del sonido de los disparos, la esposa de la víctima bajó a la calle, vio mucha gente alrededor del cuerpo y fracasó en su intento de levantarlo. Pidió ayuda, “pero nadie movió un dedo”, relató. El miedo y el shock paralizó a los convecinos, dejando a Rosario completamente desamparada. Fruto del atentado, la familia quedó psicológicamente rota, con dos hijas adolescentes de 15 y 18 años que se vieron condenadas a revivir aquella traumática noche del final del otoño una y otra vez, con cada asesinato de agentes de policía, concejales y empresarios (Diario Vasco, 17-XII-1977)^Ref44.

El atentado fue condenado por los principales partidos democráticos, que firmaron un comunicado de repulsa recordando que el objetivo común debía ser la obtención de un régimen preautonómico y no el asesinato de servidores públicos, independientemente de su pasado. En este contexto, ETA contrarrestó los apoyos a este tipo de muestras enérgicas de condena poniendo a funcionar su maquinaria propagandística. Reivindicó la autoría del atentado en un comunicado donde indicó que personas como el edil pradejonero no podían formar parte de Euskadi. Martínez Ezquerro era, según el entorno de la izquierda abertzale, un “franquista, antivasco, corrupto y colaborador de la Policía”. Había sido miembro de la Guardia de Franco y concejal y, por ese motivo, había engrosado la larga “lista negra” de “elementos eliminables” confeccionada por ETA y su entorno (Pérez, 2020, p. 272)^Ref31. Sin embargo, siguiendo a Heiberg (1991)^Ref18, más de tres cuartas partes de las personas que componían las listas eran simplemente inmigrantes.

Julio Martínez, el primer concejal de origen riojano asesinado por ETA, desarrolló la mayor parte de su vida en el municipio fronterizo de Gipuzkoa, dejando en Pradejón un hermano, una sobrina y varios primos, que todavía residen en la localidad riojabajeña. Siempre mantuvo una especial vinculación con su lugar natal, de ahí que también le rindieran tributo poniendo el nombre a una de las calles de la localidad. El 21 de julio de 2008, José Antonio Ezquerro Cordón, portavoz del grupo del Partido Popular (PP) en el consistorio, presentó una moción en la que solicitó que el nombre de Julio Martínez Ezquerro pasara a formar parte del nomenclátor del municipio: “en señal de respeto a su sacrificio personal como víctima del terrorismo y en reconocimiento y admiración del municipio a los valores de libertad y democracia por los que fue asesinado”, como quedó reflejado en las actas de pleno municipales. El acto, llevado a cabo en septiembre de ese año, fue acompañado de la celebración de “un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades”. Por este motivo, Rosario Sánchez agradeció a la localidad el impulso de “este tipo de actos, ya que en el País Vasco no se atreven a hacerlos. A pesar de los años que han pasado, aún quema el dolor cuando lo recuerdas” (Archivo Municipal de Pradejón, 21-VII-2008^Ref53; La Rioja, 3-IX-2008^Ref47).

3.2. Txiki Larrañaga: un exiliado en La Rioja por la amenaza terrorista y víctima de ETA

A lo largo de 1978 ETA desplegó una nueva estrategia: la “guerra de desgaste”. Para ello, seleccionó a sus víctimas para maximizar el daño al “enemigo” y se dedicó a atentar contra las “fuerzas de ocupación extranjeras”: Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército. Así, trató de soliviantar a los mandos de estos cuerpos de seguridad y defensa y que creciera el “ruido de sables” en los cuarteles para obligar al Gobierno de Suárez a ceder a las pretensiones de la banda (Domínguez, 1998, p. 225)^Ref10.

En paralelo, ETA continuó con el ataque selectivo a personas que hubieran ostentado cargos políticos durante el franquismo. Uno de ellos fue José Tomás (Txiki) Larrañaga. El 13 de abril de 1978, tras salir de un bar con sus amigos, fue herido de bala en una pierna por un comando de ETA en Azkoitia (Gipuzkoa). Txiki había sido jefe provincial del Movimiento en el territorio y exteniente de alcalde del municipio durante el franquismo: un argumento suficiente para que la organización decidiera atentar contra su vida. Según ETA, Larrañaga había sido uno de los pilares de la represión franquista en el País Vasco. Por eso, “los elementos como el señor Larrañaga sólo tienen una disyuntiva o marcharse fuera el País Vasco o someterse a la justicia revolucionaria”, indicó en su comunicado de reivindicación (Egin, 16-IV-1978, p. 7)^Ref42.

Pese a las amenazas, continuó en Euskadi. Y lo hizo estando activo en política: en las elecciones de junio de 1977 apoyó la candidatura de derecha de Guipúzcoa Unida, la coalición política federada en Alianza Popular. Este fue uno de los principales factores por los que ETA se propuso acabar con su vida, por haber sido “el hombre que hizo posible, con la dinamización de las estructuras políticas todavía bajo su influencia en 1977, una corriente de votos a favor de Marcelino Oreja […que] ganó su escaño por Guipúzcoa” (ABC, 3-I-1985, p. 13; ABC, 12-IV-1980, p. 7)^Ref38.

El 11 de abril de 1980, ETA atentó de nuevo contra él y le hirió de gravedad tras recibir varios disparos en el pecho. Sin embargo, tuvo suerte y sobrevivió, a diferencia de la fortuna de otros compañeros como Ramón Baglietto, unido a este por una dilatada amistad cuando participaron en el impulso de Unión de Centro Democrático (UCD) de Gipuzkoa. La noticia del asesinato de su amigo fue, precisamente, el motivo por el que Larrañaga decidió marcharse de Euskadi e instalarse en Logroño (Pérez, 2020, p. 350-352^Ref31; Angulo, 2018^Ref3).

Durante varios años, vivió en la capital riojana junto a su familia, donde consiguió salir del abigarrado y amenazante clima sociopolítico vasco de la Transición. Pero mantuvo una costumbre, pasar las festividades de Navidad y de Año Nuevo en Azkoitia con sus familiares y amigos. Este hecho fue a la postre determinante para que ETA tuviera la posibilidad de acabar con su vida. La noche del 31 de diciembre de 1984, un comando tuvo constancia de la presencia de Txiki en la localidad. Tras identificarle mientras salía de un bar, dos miembros de ETA se acercaron a él por detrás y le efectuaron varios tiros de arma corta que acabaron con su vida (ABC, 2-I-1985, p. 17)^Ref38.

Salvo la coalición de izquierda abertzale Herri Batasuna (HB), que se abstuvo, el atentado fue condenado por unanimidad durante el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Azkoitia. Román Sudupe, presidente del PNV, y hermano del alcalde de la localidad, con el que estaba emparentado Txiki, mostró su más enérgica repulsa por el atentado: “no existía justificación para ningún asesinato […] más en este caso, cuando ya se le había castigado y tenía que refugiarse fuera de su pueblo ante la persecución constante”. El Partido Socialista de Euskadi (PSE) fue más contundente en sus declaraciones: este asesinato era la “barbarie de unos individuos que podrían haber estado encuadrados en las SS” (ABC, 2-I-1985, p. 17)^Ref38.

En las horas posteriores al suceso, Lorenzo Contreras, comentarista político de ABC, definió la acción del siguiente modo^Ref38:

La más repulsiva muestra de cómo funcionan los mecanismos del terror local, tan repletos de colaboraciones incalificables. Quienes han asesinado al señor Larrañaga iban a cara descubierta y, muy probablemente, serían identificables a poco que la denuncia de algunos vecinos se produjese. Pero eso sería, en el País Vasco, tanto como pedirle peras al olmo (ABC, 3-I-1985, p. 13).

Una muestra de los apoyos sociales de los que gozó ETA en determinados lugares del País Vasco y Navarra fue la colaboración de personas avecindadas en la localidad. En 1989, durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional (AN) contra los responsables del asesinato de Larrañaga, se probó la participación en el atentado de Antton López Ruíz (Kubati), integrante del Comando Goiherri, que contó con la colaboración necesaria de Begoña Uzkudun, que a decir de la fiscalía prestó “su ayuda y cooperación, […] dando aviso al mismo para su realización y asegurándole su posterior refugio en su domicilio” (AN, 10-XI-1989, p. 5)^Ref52.

Txiki tenía 58 años y tres hijos en el momento del atentado. Varias décadas después de la pérdida de su padre, Eva Larrañaga confesó en el programa radiofónico “La Ventana de la Memoria”, que la familia aceptó con resignación su traslado a La Rioja, pero “los cuatro años que vivieron todos juntos [en Logroño] fueron fabulosos, era una sensación de libertad a diferencia de la opresión del pueblo”. Que ETA acabara con la vida de Txiki durante una visita puntual a Azkoitia, “fue devastador, no lo esperábamos. Nosotros ya pensábamos que ellos habían ganado, habían echado a mi padre del pueblo” (ABC, 2-I-1985, p. 5^Ref38; Radio Bilbao, 13-IV-2020^Ref49).

Durante los años de mayor dureza de la violencia de ETA, los familiares de las víctimas sufrieron una profunda soledad y metafóricamente se les enterró junto a los seres queridos que habían perdido. La sociedad les estigmatizó y les dio la espalda. Siguiendo a Fernández Soldevilla (2021, p. 119)^Ref14, un elemento determinante para que muchos asesinatos de ETA se llevaran a cabo y, en buena manera, quedaran impunes fue la ínfima contestación ciudadana a sus crímenes por el miedo y la falta de empatía con las víctimas. En muchos casos, el apoyo social (in)directo, marcado por lo que Llera y Leonisio (2017)^Ref21 han denominado la espiral del silencio, provocó que nadie supiera nada cuando se les preguntaba por lo sucedido y que incluso se justificaran públicamente muchas muertes a través del mantra del algo habrá hecho.

3.3. Saturnino Sota Argaiz: una víctima “confidente”

Durante los meses finales de 1978, “cuarenta personas, la mayor parte de ellas agentes de las Fuerzas de Orden Público, perdieron la vida en el País Vasco como consecuencia de atentados terroristas”, como ha indicado Gómez Calvo (2020a, p. 89)^Ref16. Una de las consecuencias de estos atentados fue la decisión del Gobierno Suárez de movilizar a cerca de tres mil miembros de las fuerzas de seguridad al País Vasco para reforzar las patrullas urbanas y proteger puntos clave que garantizaran “el desarrollo de la vida ciudadana”. Una medida paliativa, incluso preventiva, por el deterioro de la situación social y política, que invitó a que determinados sectores de las fuerzas de seguridad solicitaran la aprobación del estado de emergencia y la toma de medidas excepcionales (El Correo, 16-I-1979)^Ref43.

ETA había decidido concentrar todos sus esfuerzos en desestabilizar la democracia y hacer peligrar el consenso constitucional. Por eso, la intensificación de sus acciones tuvo como objetivo atentar contra la integridad de las fuerzas de seguridad en el área vasca y crear un caldo de cultivo que favoreciera salidas antidemocráticas. ETA consiguió crispar el ambiente, pero también puso en bandeja la explosión de violencia ultraderechista y de contraterrorismo ilegítimo protagonizada por determinados sectores descontentos con el contexto de cambio político y a la vez rabiosos por la cacería iniciada por la organización terrorista contra las fuerzas de seguridad, como sucedió el 21 de diciembre de 1978 cuando el Batallón Vasco-Español asesinó en Anglet (Francia) a José Miguel Beñarán (Argala), líder de ETA (Castells, 2019^Ref7; López Romo, 2015^Ref22).

Unos días antes a que se consumara esta acción, ETA atentó de nuevo contra un civil. Saturnino Sota Argaiz, un hombre de 49 años, natural de Aldeanueva de Ebro (La Rioja) y gerente de una tienda de ultramarinos, fue asesinado por un comando de ETA en Vitoria. Según la prensa, la víctima había recibido amenazas, incluido el lanzamiento de un cóctel molotov, “por haber vendido pan durante una huelga en el sector”. La organización terrorista justificó su asesinato aduciendo que era un confidente, pero, según las autoridades policiales locales, no estaba en su lista de colaboradores. En cambio, según El Correo, sí estaba relacionado con “un paisano policía destinado en Vitoria” que le había proporcionado la oportunidad de estrechar lazos con otros miembros de las fuerzas de seguridad. Esto fue argumento suficiente para que algunos vecinos no dudaran de su condición de chivato: “había llegado a alardear de su pistola” y “había acompañado a la Policía en un registro domiciliario”, argumentó uno de ellos (Alonso et al., 2010, p. 166^Ref1; El Correo, 14-XII-1978, p. 14^Ref43).

Las justificaciones que pudieron hacer determinados vecinos de Sota Argaiz solo fueron un argumento válido para la izquierda nacionalista vasca radical. El Comité Provincial de Álava del Partido Comunista de Euskadi (PCE-EPK) definió el atentado como un “cobarde crimen” y “una provocación” para generar reacciones contra el proceso democrático y la autonomía. Porque, continuaba, el asesinato de Sota Argaiz “no solamente no tiene nada que ver con Euskadi ni con la democracia, sino que obedece a una estrategia destinada a hundirlos en un pozo de sangre y odio” (El Correo, 14-XII-1978, p. 14)^Ref43.

Saturnino Sota dejó mujer, Faustina Mangado, de la que se había separado 18 años antes, y dos hijos, de 23 y 21 años. Unos días después del atentado, su cuerpo salió de la capital alavesa con destino a su Aldeanueva natal, donde recibió sepultura en un acto celebrado en “la más absoluta normalidad”. El 10 de febrero de 1979 José Luis Gómez San Pedro fue detenido y acusado de realizar la vigilancia a Sota. Sin embargo, no fue condenado por este crimen, sino por el ametrallamiento del cuartel de la Policía Nacional de Vitoria en agosto de 1978. Félix Alberto López de la Calle (Mobutu) fue acusado de ser autor material del asesinato, pero no fue detenido ni juzgado por ello. Aunque las autoridades judiciales abrieron diligencias contra este último, este estuvo huido en Bélgica y Yemen del Sur entre 1979 y 1980, hasta que reapareció en Francia en 1981. Después de estar diversos periodos en prisión en el país galo (1994-2000), la AN abrió un sumario contra Mobutu en 2002 por el asesinato de Saturnino Sota, pero hasta la fecha no ha prosperado (El Correo, 15-XII-1978, p. 13^Ref43; El Correo, 16-XII-1978, p. 15^Ref43; El Correo, 10-II-1979^Ref43; El Mundo, 2-IV-2004^Ref45).

3.4. Miguel Chávarri: un policía municipal riojano asesinado por ETA

Durante los años de plomo de ETA, cualquier vínculo real o imaginario con las fuerzas de seguridad fue motivo suficiente para que determinadas personas pasaran a ser su objetivo. Así sucedió con quienes estuvieron en contacto con miembros de la Guardia Civil y de la Policía. Este fue el argumento de base para acusarles de colaboracionistas con la “represión” a la que, según su discurso, estaban sometiendo al “pueblo vasco”. Pero aparte de ser asesinados por su relación con los citados cuerpos policiales hubo otros agravantes: su pasado como militares y guardias civiles y sus inclinaciones políticas -en muchos casos supuestas- hacia la derecha. Estas condiciones fueron factores coadyuvantes del refuerzo del apoyo social a la rumorología que ETA y su entorno difundió conscientemente para estigmatizar a la víctima. Un ejemplo de ello es el de Miguel Chávarri Isasi, jefe de la Policía Municipal de Beasain (Gipuzkoa), asesinado por ETA (El País, 7-XII-1978^Ref46; Gómez Calvo, 2020b^Ref17).

En la década de 1950, Chávarri, natural de Cihuri (La Rioja), se había trasladado a Gipuzkoa para labrarse un futuro mejor después de haber probado de todo en su comarca natal. Antes de emigrar, lo intentó en Haro (La Rioja) donde formó parte de la Orquesta El Rayo, pero las dificultades de prosperar en una actividad que no fuese la agraria contribuyeron a que decidiera trasladarse a Pasaia (Gipuzkoa) gracias a un contacto. Allí trabajó de electricista durante un tiempo hasta que optó por Beasain, donde trabajó de peón y conoció a Milagros Machain, con la que se casó y tuvo tres hijos (Deia, 10-III-1979, p. 1)^Ref41.

Chávarri siempre tuvo muy presente a Cihuri, donde regresó todos los veranos con su familia, pero optó por Gipuzkoa para echar raíces. En Beasain, accedió a una plaza de policía municipal en 1957 y fue ascendiendo hasta que con el rango de sargento consiguió hacerse con la jefatura. Su hijo José Miguel lo definió como una persona que “hacía de todo”, controlaba la limpieza municipal, atendía a los bomberos y el alumbrado público, es decir, una persona de dedicación exclusiva y “al servicio de por y para el pueblo”².

El 9 de marzo de 1979, dos pistoleros de ETA entraron en el despacho de Miguel Chávarri, situado en la planta baja del ayuntamiento de la localidad, y le acribillaron a tiros. Nadie escuchó ni vio nada, salvo en la Secretaría del Ayuntamiento, donde se oyeron “unos ruidos secos” que “parecían martillazos”, asociados inconscientemente a los trabajos de reforma del edificio, como recogió ABC. No obstante, en Deia se señaló que hubo “algunos vecinos [que] aseguraron haber visto a un joven salir de las dependencias de la Policía y subirse a una motocicleta”. Chávarri recibió una ráfaga de balas del calibre 9 mm Parabellum, la munición utilizada por ETA, distribuidas por su cuerpo en pecho, vientre, hombros y mano. Según las pesquisas policiales, fue seguido por los etarras durante la mañana hasta que aprovecharon el momento oportuno para entrar rápidamente en la oficina de inspección del ayuntamiento y acabar con su vida (ABC, 10-III-1979, p. 3^Ref38. Deia, 10-III-1979, p. 9^Ref41; Alonso et al., 2010, p. 196^Ref1).

Al menos tres años antes, Chávarri había recibido amenazas de muerte, que le obligaron a consultar cómo proceder a instancias superiores. Sin embargo, estas le quitaron importancia, sin siquiera invitarle a que se planteara un cambio de rutinas. En opinión de sus superiores “no era la forma habitual que tenía ETA de amenazar”. Por tanto, continuó haciendo vida normal. Tras salir del trabajo, afirmó años más tarde su hijo José Miguel, “se iba a tomar vinos con los amigos. Yo sabía la hora que era y sabía dónde le iba a encontrar”³.

Su muerte marcó a sus principales allegados. Sus compañeros, por ejemplo, no comprendieron el porqué de su asesinato^Ref38:

Era una persona recta en sus funciones, pero nunca que sepamos, se vinculó a la política. Cuando había una manifestación o hechos similares nos ordenaba que nos metiéramos al cuartelillo hasta la hora en que concluyera, señalando que no era nuestro cometido (ABC, 10-III-1979, p. 9).

Las opiniones recogidas en El País estuvieron en otra línea, al subrayarse los posibles vínculos con “movimientos derechistas, pero nunca, que se sepa, participó en actividad política de ningún tipo” (El País, 10-III-1979)^Ref46. En Deia, en cambio, un vecino de Beasain afirmó que “cuando el señor Chávarri había ingresado en la Policía Municipal todos sus componentes eran euskaldunes [vascófonos]. Con el tiempo, buena parte de la plantilla fue sustituida por otras personas” (Deia, 10-III-1979, p. 9)^Ref41. Por tanto, opiniones divergentes que contribuyeron a la estigmatización de la víctima y a la justificación de su asesinato sobre una acusación infundada de supuesto antivasquismo.

Unos días después del atentado, en un artículo de opinión aparecido en El Diario Vasco, se trató de restituir la memoria de la víctima y de condenar lo sucedido redirigiendo la atención hacia los apoyos sociales con los que contaba ETA en Euskadi. Según el miembro del PNV Jesús Insausti, el soporte que alentaba públicamente a la organización “a seguir su marcha de crímenes” eran aquellas “personas que conviven diariamente con nosotros, y que tienen el impudor de darse a conocer” (El Diario Vasco, 11-III-1979, p. 2)^Ref44.

Pero en el ámbito interno de la familia llegó a calar el mantra del algo habrá hecho. Marisol Chávarri, una de las hijas, confesó años después al periodista Pablo García Mancha que se llegó a preguntar si su padre “había hecho algo para que lo mataran […] una especie de sentimiento de culpa incomprensible”. Y es que el mero hecho de que se relacionara con agentes de la Guardia Civil ya fue argumento suficiente para estar en el punto de mira: “mi padre tenía muchas amistades en el cuerpo e iba mucho al cuartel; de hecho, uno de sus amigos sufrió un atentado cuando estaban juntos tomando un café en un bar y lo tirotearon” (La Rioja, 18-III-2018, p. 12)^Ref47.

Miguel Chávarri recibió su despedida fúnebre en Beasain, de cuya realización se encargó el ayuntamiento, y posteriormente su cuerpo fue trasladado, despedido y enterrado en Cihuri, a cuyo sepelio asistieron cerca de quinientas personas. En octubre de 2011, el ayuntamiento de la localidad riojana dedicó un homenaje a Miguel Chávarri en presencia del presidente de la comunidad Pedro Sanz. El acto se cerró con el descubrimiento de una placa en una calle que, desde entonces, lleva el nombre de la víctima. La prensa describió el acto como un paso más hacia la recuperación de la memoria de las víctimas del terrorismo en La Rioja, porque “sólo el cerrado aplauso que se escuchó al cierre del acto celebrado ayer en el municipio de Cihuri permitió recuperar el pulso de la vida que recuerda al policía riojano asesinado, nombre propio ahora en un cruce de caminos” (El Diario Vasco, 13-III-1979, p. 3^Ref44; El Correo, 15-X-2011, p. 9^Ref43; El Correo, 16-X-2011, p. 9^Ref43).

Según datos de la Fiscalía y la FVT, este asesinato continúa siendo uno de los más de 300 casos no esclarecidos en el País Vasco y Navarra. Una cifra que se sitúa entre 1978 y 1987, el periodo de mayor número de asesinatos sin resolver, coincidentes con los de mayor operatividad y letalidad de ETA. Esta herida, aún abierta, ha condenado desde entonces a la familia Chávarri a la resignación por su convicción de que, muy probablemente, nunca sabrán quiénes segaron la vida de su padre (Domínguez, 2021, p. 16^Ref9; La Rioja, 18-III-2018, p. 13^Ref47).

3.5. 1980: el año más mortífero de ETA

1980 fue el año más letal de todos los denominados como años de plomo del terrorismo de ETA. Fue un periodo en el que la organización concentró todos sus esfuerzos en desestabilizar al régimen democrático, en provocar la reacción desmedida de las Fuerzas Armadas, en identificar al régimen de la Transición con la dictadura, en mostrar la fuerza de la izquierda nacionalista vasca radical, en subrayar la vitalidad de la causa nacionalista, en reducir la presencia de las instituciones españolas y de las lealtades nacionales de ese signo y en expulsar a los sectores no nacionalistas vascos. En otras palabras, durante ese año, ETA trató de ganar el pulso sembrando de inestabilidad el país (Fernández Soldevilla y Jiménez Ramos, 2020)^Ref13.

El 27 enero de 1980 la organización trató de provocar una masacre al atentar contra un convoy de la Policía Nacional en Basauri (Bizkaia), donde falleció un agente afincado en Logroño. Y, el 1 de febrero, en Ispaster (Bizkaia), la organización terrorista dio un golpe sobre la mesa demostrando su fortaleza en el territorio vasco durante una salvaje emboscada en la que un comando ametralló brutalmente a seis agentes de la Guardia Civil. Cinco días después de este atentado, que minó la moral de las fuerzas de seguridad en el País Vasco, ABC informó de que José Antonio Sáenz de Santamaría, delegado del gobierno en Euskadi con carácter temporal, iba a consolidar un Estado Mayor conjunto (Guardia Civil, Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía) para la lucha antiterrorista. En paralelo, varios grupos de la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil, presentes en Logroño, y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, creados para hacer frente a acciones terroristas, fueron destinados a Euskadi para seguir la pista de los comandos etarras (ABC, 6-II-1980, p. 5)^Ref38.

Pero la mayor presencia de efectivos no tuvo un efecto paliativo: los atentados contra los agentes de seguridad siguieron repitiéndose en toda la geografía vasca, revelándose, por un lado, su vulnerabilidad y, por otro, la existencia de una amplia red de informadores y combatientes clandestinos -unos singulares partisanos- que se dedicaban a masacrar a los miembros de las fuerzas de seguridad mientras estos disfrutaban de un aperitivo en un bar, realizaban actividades rutinarias o se desplazaban para realizar actividades formativas y maniobras; es decir, en su cotidianidad y no en enfrentamientos directos (Pérez, 2020)^Ref31.

3.5.1. Atentado en Villamediana de Iregua: cuando ETA buscó una masacre de Guardias Civiles

Tratando de demostrar su posición de fortaleza, en el segundo semestre de 1980, ETA redirigió sus objetivos hacia las bases policiales que sustentaban las unidades movilizadas a Euskadi, poniendo a La Rioja en su punto de mira. Su objetivo era trasladar el miedo a la comunidad vecina y avisar de que si era preciso perseguirían a los miembros de la Guardia Civil y la Policía allá donde fuera preciso. En aquel periodo, ETA puso en práctica novedades estratégicas como el empleo de explosivos por control remoto. Y lo hizo por múltiples motivos: mayor seguridad para llevar a cabo sus acciones, más destrucción y un recurso para la desmoralización de los agentes, que se sentían impotentes ante la incertidumbre de que en cualquier lado y lugar podrían detonar un explosivo que acabara con sus vidas (Silva et al., 2017)^Ref35.

De este modo, el 22 de julio de 1980, ETA planificó una matanza de guardias civiles, el primer atentado contra este cuerpo en La Rioja, colocando diez explosivos de Goma 2 en un talud de la carretera entre Logroño y Villamediana de Iregua (La Rioja) para hacer saltar por los aires tres autobuses, con 120 agentes, cuando estos se dirigían a un tramo de la autopista AP-68 para realizar maniobras.

Unos días antes, en las afueras de la capital riojana, en concreto en el denominado camino viejo de Oyón, ETA había hecho su primera acción planificada en el territorio colocando una bomba en una subestación eléctrica que provocó un apagón de varias horas. Y aunque este ataque debe enmarcarse en la campaña de ETA, iniciada a finales de la década de 1970 para hostigar a Iberduero por la construcción de la central nuclear de Lemoiz (Bizkaia), también fue, a todas luces, un primer ensayo con la dinamita que posteriormente colocaron en la autopista AP-68 (La Vanguardia, 23-VII-1980, p. 6)^Ref48.

Pero la acción del comando terrorista en Villamediana no tuvo el éxito esperado: un fallo en la activación de los mecanismos de explosión impidió que se produjera un importante número de víctimas mortales, como habían planificado. De las diez cargas explosivas, sólo se accionaron tres. A pesar de ello, lograron un resultado macabro: la onda expansiva alcanzó al último de los autobuses afectando a 34 personas que tuvieron lesiones de diverso tipo y grado, y por las que murió uno de los guardias, el teniente Francisco López Bescós.

Tras la explosión de la bomba y los primeros momentos de pánico, los trabajadores de la empresa Europea de Escayolas, una fábrica de yesos próxima al lugar del atentado, se apresuraron a auxiliar a los heridos, siendo los primeros en socorrer a las víctimas y en trasladarlas en sus coches particulares al hospital. Con el tumulto de voces y gritos de fondo, algunos guardias que habían resultado ilesos salieron en busca de los autores, inspeccionando -sin mucho éxito- los alrededores (La Vanguardia, 23-VII-1980, p. 1)^Ref48.

Según relató en 2008 uno de los guardias que estuvo presente en el atentado, cuando el convoy, compuesto por tres autobuses y un Land Rover, se dirigía hacia el tramo de obras de la AP-68 en el que iban a realizar las maniobras, un vehículo con trabajadores que estaban construyendo la infraestructura viaria se cruzó en medio. En su opinión, los etarras lo vieron desde la distancia y decidieron no detonar el resto de las cargas explosivas para evitar una masacre de civiles, ya que su objetivo, como relató, era “matar a miembros del cuerpo” (Navarro, 2018)^Ref30.

Las muestras de repulsa y de solidaridad fueron amplias. De todas, cabe destacar la del gobernador civil de Logroño, Vicente Sampedro Guillamón, que acababa de asumir el cargo: “el atentado es un intento para desestabilizar una región tranquila y pacífica como es la Rioja. […] el primer paso para exportar el terrorismo fuera del País Vasco a una provincia limítrofe”. Los principales partidos políticos, entre ellos Alianza Popular y el PSOE, y la Federación de Empresarios de La Rioja censuraron el atentado y convocaron una manifestación contra el terrorismo que se celebró al día siguiente en formato de “marcha silenciosa” para apoyar a las fuerzas de seguridad y mostrar su solidaridad con las víctimas (El País, 23-VII-1980^Ref46; ABC, 23-VII-1980, p. 3^Ref38; ABC, 24-VII-1980, p. 5^Ref38).

En la misma línea que el gobernador, se situaron las autoridades eclesiales. Durante el funeral de López Bescós, el prelado Francisco Álvarez Martínez, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, lamentó que las acciones de ETA hubieran llegado a La Rioja, porque era “un terrorismo que hasta ahora limitaba con nuestras lindes provinciales”, pero su presencia no dejaba lugar a duda de “que venía a institucionalizar la muerte hasta extremos de máxima gravedad […] un terror que nos envilece”. Fruto de esas palabras y de las reivindicaciones de diferentes agentes que consideraban excesivo el tiempo que pasaban en el País Vasco y que este debía reducirse a tres meses, hubo gritos por parte de algunos sectores allí congregados contra el ministro del Interior Juan José Rosón y el director general de la Guardia Civil Aramburu Topete (ABC, 24-VII-1980, p. 5)^Ref38.

En agosto de 1980, dos soldados que realizaban el servicio militar en Logroño fueron arrestados y acusados de pertenecer a un comando informativo de ETA. Las fuentes policiales indicaron tal posibilidad porque había agentes de la Guardia Civil en prácticas que estaban alojados en el mismo lugar que los soldados que estaban realizando el servicio. Por tanto, al margen de que los reclutas pertenecieran o no a ETA, muy posiblemente la información sobre sus movimientos salió del cuartel de Artillería de la capital riojana. Una hipótesis que el gobernador civil de Logroño confirmó al indicar que el grado de conocimiento de los movimientos de la Guardia Civil implicaba necesariamente una filtración interna, pues sólo “llevaban cuatro o cinco días haciendo este tipo de ejercicios” (El País, 23-VII-1980)^Ref46.

Según informó ABC, los datos proporcionados fueron fundamentales para que el comando de ETA, integrado entre otros por Isidro Etxabe Urrestrilla (Zumai) y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena (Txikierdi) llevara a cabo el atentado que se cobró la vida del teniente López Bescós. Un asesinato que, según la propia Guardia Civil, fue idea de Isidro María Garalde Bedialauneta (Ondarru), que pudo haber estado en Logroño días antes para planificar la acción con el citado comando (ABC, 2-VIII-1980, p. 8^Ref38; Muñoz del Hoyo, 2013, p. 91^Ref29).

Años después se supo que, en realidad, el principal informante había sido el miembro de ETA afincado en Logroño Juan Manuel Soares Gamboa (Daniel). Según la sentencia 58/96 de la AN, pasó los datos al comando y, además, los alojó en el tercer piso del portal 16 de un edificio de viviendas de la Gran Vía de Logroño. Fue este quien les proporcionó las palas para hacer el agujero en el que colocaron los artefactos y les dio información de seguimiento de gran valor sobre el trayecto y movimiento de los autobuses de la Guardia Civil para fijar “el objetivo de su acción […] en el punto conocido por Santa María del término municipal de Villamediana de Iregua”, como se recogió en la sentencia (AN, 1-VII-1996)^Ref51.

En 2005, el Ministerio de Defensa, encabezado por el socialista José Bono, con el objetivo de “honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, propuso a López Bescós el ascenso a Capitán “con carácter honorífico y a título póstumo”. Diez años después, durante el acto que rememoró el XXV aniversario del atentado de ETA en Sabadell, Jorge Fernández Díaz (PP), a la sazón ministro del Interior, recordó en su discurso al citado guardia civil, “quien durante varios años prestó servicio en Sabadell y [que] posteriormente fue asesinado”. El ministro le incluyó entre los “héroes de la democracia española”, junto a los 429 miembros de las FCSE fallecidos como consecuencia del terrorismo (Boletín Oficial del Estado, 22-III-2005, p. 9931^Ref39; Ministerio del Interior, 9-XII-2015^Ref40).

3.5.2. El atentado de la calle Ollerías: el primer coche-bomba

El atentado contra la Guardia Civil en Villamediana fue el primero de ETA en La Rioja durante la Transición que se cobró una vida, pero no fue un caso aislado o la consecuencia de algún tipo de medida del Gobierno de España en la zona, como podría desprenderse del hecho de que el UAR -posteriormente el Grupo de Acción Rápida (GAR)- pusiera una de sus bases de operaciones antiterroristas en Logroño. Había un comando en La Rioja (Comando España) creado exprofeso para atentar en esta provincia fronteriza con Euskadi y Navarra, y en otras zonas peninsulares, y extender sus acciones allende las fronteras del territorio vasco-navarro. Una forma de recalcar que su capacidad operativa llegaba al extremo de atentar en un territorio ajeno, donde se ubicaban los cuerpos policiales que gestaban operaciones contraterroristas para realizarlas en Euskadi.

Después de aquel intento de matanza de guardias civiles, este comando de ETA volvió a atentar. No se sabe hasta qué punto el nombramiento del riojano Gil-Albert como fiscal general del Estado, que realizó firmes declaraciones para atajar el problema terrorista, pudo estar vinculado con la realización de un nuevo atentado, pero el hecho de que el responsable fuera el mismo comando que acabó con la vida de López Bescós ya es muestra suficiente como para afirmar que ETA tuvo al territorio riojano en su agenda. En julio de 1980, ETA lo había dejado claro en un comunicado publicado en Egin: la organización rebasaría “el marco territorial de Euskadi”, utilizando “fórmulas de combate desconocidas hasta hoy” para acabar con las fuerzas policiales y militares que pretendan la “invasión de nuestro pueblo” (Egin, 23-VII-1980, p. 7. Egin, 24-VII-1980, p. 7)^Ref42.

En este contexto, el 27 de noviembre de 1980, Miguel Ángel San Martín, Carlos Fernández Valcárcel, Joaquín Martínez Simón y José Luis Hernández Hurtado sufrieron un cruel atentado mediante la explosión de un coche bomba cuando salían de un bar de la calle Ollerías de Logroño. La organización armada había optado por usar de nuevo dispositivos de explosivo plástico por control remoto para atentar como hizo en Villamediana, si bien con una notoria diferencia: “fue el primer atentado mortal con coche bomba que llevó a cabo ETA” (Pérez, 2020, p. 210)^Ref31.

Isidro Etxabe Urrestrilla y Juan Manuel Soares Gamboa, apostados en la actual Plaza del Arbolito de la calle Ollerías logroñesa, accionaron el explosivo bomba adherido a un Seat 124 blanco. El impacto acabó de inmediato con San Martín, propietario de un establecimiento de tejidos, pero su corpulencia fue suficientemente resistente para salvar de la metralla y esquirlas a Hernández, funcionario de prisiones. Fernández, subinspector de Policía de 40 años, y Martínez, industrial de 45 años, sufrieron heridas gravísimas de necesidad mortal.

El vehículo, que contenía tres ollas metálicas cargadas de Goma 2 y varios kilos de tornillos y bolas de acero, quedó partido por la mitad y afectó también a varios viandantes que sufrieron heridas leves, entre ellos Florencio Martín Segovia, Dionisia Marta Burgos, Francisco Urrechi y Rebeca Jubero Hernández. Dada la cercanía del lugar de la explosión al Gobierno Civil, la prensa especuló sobre las consecuencias de “límites imprevistos” que podría haber tenido en caso de que el coche hubiera sido colocado unos metros más cerca del edificio institucional. El escenario era apocalíptico. Según relató Jorge Blatschke, la calle se convirtió en “un mar de vidrios, fragmentos de chatarra, plásticos, gomas, neumáticos y sangre” (ABC, 28-XI-1980, p. 8^Ref38; La Rioja, 28-XI-1980, p. 2^Ref47).

Un mar de metralla que trajo consigo un reguero de huérfanos y viudas, quienes tuvieron que presenciar cómo las vidas de sus seres queridos se difuminaban rápidamente: César Martínez, uno de los hijos de Joaquín, relató su traumática experiencia, vivida con doce años, al ver a su padre a través de la cristalera de la UVI con las piernas llenas de metralla, posteriormente amputadas para tratar de salvar su vida, y asistir a cómo su llama se iba apagando después de que la sepsis se apoderara de su cuerpo y le causara la muerte. Hernández, el único superviviente, también sufrió heridas de importante gravedad en las piernas debido a la metralla e incluso sufrió acoso tiempo después: un día recibió una llamada en la que le “aconsejaron” no salir a la calle. Fruto de aquello tuvo que vivir con escolta durante un tiempo. Una amenaza a la que se sumó el trauma generado por el atentado: “no quería salir a la calle, […] le asustaba la gente”, como relató muchos años después Pablo García-Mancha (La Rioja, 29-IV-2018, pp. 10-11)^Ref47.

En los momentos posteriores al suceso, los indicios policiales sugirieron que se trataba de un atentado dirigido contra miembros de la Policía que solían pasear en “cuadrilla” por la zona. Una hipótesis que reiteró el gobernador civil de la Rioja, que hizo pública la existencia previa de intentos similares, si bien frustrados. En El País se ahondó en esta posibilidad y se estableció la teoría de que el atentado iba dirigido contra el subcomisario de Policía Fernández Valcárcel, que era escolta del senador de la UCD riojana Domingo Álvarez Ruíz de Viñaspre; es decir, el ataque entraba dentro de los parámetros de las actuaciones de ETA contra la UCD y servidores públicos: el asesinato de un policía que protegía a un representante del partido en el Gobierno de España (El País, 28-XI-1980)^Ref46.

La Diputación y el Ayuntamiento de Logroño mostraron su repulsa en diferentes plenos y todas las fuerzas políticas impulsaron una manifestación de apoyo a las víctimas en la capital riojana. Una marcha silenciosa de protesta que luchó contra las inclemencias meteorológicas y que fue liderada por el alcalde de Logroño Miguel Ángel Marín, diferentes parlamentarios centristas y socialistas, así como otras autoridades civiles y militares. La manifestación se convocó poco después del funeral de San Martín, que había sido fijado a las cinco de la tarde en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Durante todo su recorrido, establecido desde el Ayuntamiento al palacio de la Diputación, la multitud situada a la vanguardia enarboló una pancarta con el lema: “Democracia, sí; terrorismo, no” (ABC, 29-XI-1980, p. 9; ABC, 30-XI-1980, p. 12)^Ref38.

El funeral del subcomisario de policía Fernández se celebró días después. En la mañana del 3 de diciembre se instaló la capilla ardiente en la primera planta del Gobierno Civil de Logroño, donde sus compañeros le rindieron honores junto a otros agentes de las fuerzas de seguridad. Y, al mediodía, su féretro, cubierto por la bandera española, fue trasladado a la catedral de La Redonda a hombros de sus compañeros ante cientos de personas que integraban el cortejo y lo presenciaban desde las aceras. Según se pudo leer en ABC, hubo un “fuerte clima de tensión en el funeral por el subcomisario de Policía”. En 2005, el Gobierno de España ascendió a Carlos Fernández Valcárcel a comisario con carácter honorífico y a título póstumo en virtud del Real Decreto 308 (ABC, 4-XII-1980, p. 6.[ref38] Boletín Oficial del Estado, 22-III-2005, p. 9933^Ref39).

3.6. Enrique Cuesta: un directivo riojano víctima de los “autónomos”

La dinámica de asesinatos de las organizaciones terroristas etnonacionalistas no afectó sólo a agentes de las fuerzas de seguridad y ediles de partidos políticos de la derecha, como se ha venido señalando hasta ahora, sino que también continuó poniendo en su punto de mira a industriales -grandes y pequeños- y a directivos de empresas. Sucedió con Saturnino Sota, pequeño propietario de una tienda de viandas, pero también con otras personas más reconocidas y de posiciones empresariales públicamente reconocidas, como Enrique Cuesta, director de Telefónica en Gipuzkoa. Ambos fueron acusados de confidentes y colaboradores de la Policía y fueron asesinados por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), respectivamente.

Los CAA habían surgido formalmente en el otoño de 1977 con una heterogénea composición: una sección de los Komando Bereziak ¾organización nacida en el seno de ETApm VII Asamblea¾, elementos de las corrientes consejistas, etarras excarcelados y LAIA-EZ, un partido de la izquierda nacionalista vasca que rechazó entrar en la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). Según Fernández Soldevilla (2021: 139)^Ref14, “al contrario que las otras ramas de ETA, nunca formaron una organización con una estructura sólida, una cúpula centralizada, una toma jerarquizada de decisiones y una estrategia clara”. Fueron, pues, células que funcionaron con cierta independencia, cuya “autonomía” se entendió como libertad de acción de las propias células. Por tanto, siguieron la inercia de ETA sin formar parte oficial de ella, pese a compartir objetivos.

El 26 de marzo de 1982 una célula de los CAA asesinó en San Sebastián a Enrique Cuesta Jiménez y a su escolta, el policía nacional Antonio Gómez García. Según las pesquisas policiales, los CAA robaron un coche y esperaron en la calle Sancho el Sabio a su salida de las oficinas de la compañía telefónica, próximas a su vivienda. Cuando ya estaba de regreso a casa, en la citada calle, repleta de transeúntes (niños y jóvenes que acudían a la escuela), dos terroristas -mimetizados por su aspecto juvenil con los estudiantes- se acercaron de frente y los dispararon a bocajarro frente a la Caja de Ahorros provincial. Cuesta recibió un disparo en el corazón y Gómez otro en el hemitórax derecho con salida por el cráneo. El escolta no pudo siquiera llegar a utilizar su arma reglamentaria porque, como recogió Deia, “no pudo sospechar que alguno de los muchos jóvenes que estaban en la zona con sus carpetas y bocadillos pudiera atentar contra su vida” (ABC, 27-III-1982, p. 1^Ref38; Deia, 27-III-1982, p. 11^Ref41).

Enrique Cuesta, riojano de 54 años, casado y padre de dos hijas, era un hombre jovial y amable, amante de Logroño y muy vinculado con el territorio vinatero a través de sus hermanas Merche y Lucía. Había comenzado su andadura en la empresa telefónica como mecánico, en la que estuvo más de treinta años y donde obtuvo una hoja de servicio ejemplar, lo que le permitió ir ascendiendo hasta llegar al puesto de delegado provincial de la compañía en el territorio guipuzcoano en 1980. Si bien, no lo consiguió sólo por sus méritos, que eran muchos, sino también por una circunstancia concreta: su ascenso fue consecuencia del secuestro y asesinato de Juan Manuel García Cordero, su predecesor.

Los CAA justificaron ambos asesinatos sobre la base de que los delegados favorecían las escuchas policiales y el control de la ciudadanía. Un motivo que también fue utilizado para asesinar al responsable de relaciones públicas y de las Páginas Amarillas de la compañía, Carlos Fernández Azpiazu, en octubre de 1980. Sin embargo, Telefónica desmintió estas falsas imputaciones: “ni el delegado ni los directivos o empleados […] tienen ninguna función o participación en controles telefónicos […] [el] objetivo [es] el desarrollo en extensión y calidad del servicio”, dijo su portavoz ante los medios (ABC, 27-III-1982, p. 5; ABC, 28-III-1982, p. 7)^Ref38.

Durante la tarde del 27 de marzo, su cuerpo llegó al aeródromo de Agoncillo (La Rioja) y posteriormente fue trasladado a Logroño, donde fue enterrado en el panteón que tiene la familia en el cementerio municipal de la localidad. En el sepelio estuvieron presentes muchas personalidades, entre ellas, Luis Gámir, ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones y el riojano Salvador Sánchez Terán, presidente de Telefónica, así como autoridades locales y regionales y representantes políticos riojanos. El funeral tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de Valvanera y fue conducido por el obispo provincial, que despidió al delegado Cuesta entre una multitud de personas. La crónica de ABC describió muy bien lo sucedido: “la población logroñesa quedó fuertemente impresionada desde que llegaron las primeras noticias del asesinato y por ello los actos organizados se han visto muy concurridos de personas de todo tipo y condición y toda clase social” (ABC, 28-III-1982, p. 6)^Ref38.

El atentado fue especialmente cruel para la familia. Pocos minutos después de producirse la acción, sonó el portero automático de la casa familiar. Su hija Cristina descolgó y oyó una voz anónima que decía “baja deprisa que a tu padre le ha pasado algo”. La joven, de dieciocho años, salió corriendo de su casa completamente en shock y al llegar al lugar de los hechos vio una mancha de sangre en el suelo y gente arremolinada. Acto seguido, “supo que su padre había sido trasladado a la Residencia de la Seguridad Social en estado muy grave”: había sido víctima de un atentado terrorista. Cristina comenzó a gritar desconsolada en la calle, desorientada y rota, hasta que un Policía Municipal la llevó al hospital. Allí sufrió de súbito la soledad del familiar de la víctima del terrorismo, como relató en La Rioja décadas después: “nadie salió a recibirnos, nadie nos dijo nada. Yo empecé a gritar que quería ver a mi padre y me lo mostraron sobre una camilla en un pasillo; no en una habitación […] en un pasillo frío y vacío de hospital” (ABC, 27-III-1982, p. 6^Ref38; ABC, 28-III-1982, p. 6^Ref38; La Rioja, 22-IV-2019, p. 10^Ref47).

La otra de sus hijas, Irene, de catorce años, vio cómo el personal de la ambulancia se llevaba el cuerpo de su padre al hospital. Así lo recordó tiempo después en el documental Los Olvidados, de Iñaki Arteta^Ref1:

Yo le daba un beso y las buenas tardes antes de irme a clase. Pero ese día mi padre no llegaba, así que retrocedí un par de calles –porque yo sabía su itinerario habitual–, y cuando me fui acercando hacia una esquina cercana vi que había un corro con mucha gente, vi ambulancias, vi a la Policía Municipal y no entendí lo que pasaba [...] Y no sé cómo, no lo recuerdo bien, llegué hasta el centro del círculo que formaba la gente y es entonces cuando vi lo que miraban los demás. Era mi padre, que estaba tumbado en el suelo, sangrando. En ese momento fui consciente de lo que acababa de pasar: mi padre acababa de tener un atentado (Alonso et al., 2010, p. 391).

La huella que dejó esta acción sobre la familia Cuesta fue indeleble. Al año siguiente del atentado, Cristina, que estudiaba Periodismo en el campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco, decidió cambiar de especialidad y comenzó a cursar Filosofía en San Sebastián. En paralelo, decidió trabajar en Telefónica, donde pasó a ser “la hija del jefe asesinado”, constantemente preguntada por su padre al que directamente achacaban que “algo habría hecho” para haber sido asesinado, como confesó a Pablo García-Mancha en 2018. En la empresa fue consciente de que los terroristas habían dispuesto de información sensible sobre los movimientos de su padre y sus rutinas, lo que lógicamente le llevó a la conclusión de que alguien de su entorno de trabajo había informado a los CAA. Fruto de su experiencia y de la necesidad de dar voz a las víctimas en una sociedad abigarrada, atemorizada, donde el sentimiento de culpabilidad recaía socialmente sobre la víctima y no sobre los terroristas, Cristina decidió impulsar la Asociación por la Paz de Euskal Herria a mediados de la década de 1980: la primera respuesta social organizada para hacer frente al terrorismo en el País Vasco (ABC, 27-III-1982, p. 6^Ref38; ABC, 28-III-1982, p. 6^Ref38; La Rioja, 22-IV-2018, p. 11^Ref47; Moreno, 2019^Ref26).

Tres fueron los autores del asesinato de Enrique Cuesta y Antonio Gómez. Uno, sin identificar con certeza, falleció sin juicio; otro, Ramón Agra Alonso, fue condenado en la AN a seis años y un día de cárcel por asesinato y a diez años y un día por atentado con muerte. También a pagar a la familia una indemnización de 20 millones de pesetas. Con todo, esta pena se redujo por colaborar con el ministerio fiscal para así acogerse a medidas de reinserción. El tercero fue José Antonio Zurutuza Sarasola (Acullo), brazo ejecutor del atentado, que huyó durante años hasta que en octubre de 2002 fue capturado en Francia y extraditado a España. En abril de 2010, la Fiscalía le responsabilizó de dos delitos de asesinato y le condenó a 23 años, cuatro meses y un día de reclusión mayor por cada uno y al pago de medio millón de euros a los familiares (AN, 21-IV-2010)^Ref50.

4. Discusión: el perfil de las víctimas y la repercusión del terrorismo en La Rioja

Las víctimas que se han recogido en los epígrafes precedentes, que son muestra de la huella que el terrorismo etnonacionalista dejó sobre la sociedad riojana durante la Transición, fueron políticos, empresarios y miembros de las FCSE naturales y/o avecindados en la región vinatera. La mayor parte de ellas compartieron alguno de los siguientes rasgos: eran inmigrantes que habían optado por abandonar su localidad natal para afincarse en otro territorio próspero donde garantizarse un futuro mejor para ellos y su familia; tenían algunos nexos con la derecha política y/o partidos políticos que no eran nacionalistas vascos, incluso en algunos casos participaron en la estructura política del régimen dictatorial, siendo por ellos integrados en las famosas listas negras y/o de “elementos eliminables” que elaboró ETA y su entorno político; en ocasiones, simplemente por su acento o por relacionarse con personas de otras zonas de la geografía española que, en algunos casos, resultaron ser miembros de las FCSE, fueron acusados de confidentes de la Policía, perseguidos, amenazados y asesinados; optaron por el exilio como vía de escape ante el complicado clima sociopolítico vasco y eligieron La Rioja por considerarla una zona relativamente tranquila y segura, pero lo suficientemente próxima como para seguir teniendo contacto con familiares y amigos; otros simplemente eran uniformados, es decir, agentes de las FCSE que cumplían con su trabajo de servidores públicos, lo que automáticamente les colocó en la diana, al entender ETA y su brazo político que estos eran representantes de “una fuerza invasora” que quería someter al “pueblo vasco”. Todas las víctimas aquí reseñadas cumplieron con uno o varios de estos rasgos, lo que pone de manifiesto que el impacto del terrorismo en La Rioja no sólo debe mensurarse sobre la base de los atentados cometidos en el propio territorio, sino también sobre sus naturales en otras áreas geográficas. Sólo así se obtiene un perfil concreto sobre la honda impronta que ha dejado el terrorismo.

No cabe duda de que Euskadi y Navarra fueron los territorios que sufrieron con mayor crudeza y asiduidad las acciones del terrorismo etnonacionalista en la Transición. Durante estos años hubo atentados en otras ciudades y espacios, entre ellos Madrid, que de las no limítrofes fue la más afectada, pero, en lo que respecta a las comunidades limítrofes, La Rioja fue una de las más afectadas en número de acciones e incidencia sobre sus naturales al ocupar un lugar de referencia en las estrategias procedimentales de atentados y operaciones planificadas que desplegó ETA, al menos entre 1980 y 1982. Su cercanía geográfica al territorio vasco-navarro, las facilidades de movilidad en la región y, sobre todo, la instalación de las unidades de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil en Logroño, fueron determinantes en el devenir de la región durante los años de este estudio.

Las diferencias con otras provincias y comunidades limítrofes como Cantabria o Burgos son notables. Estas sufrieron acciones terroristas mortales, como el asesinato del taxista Mario Cendán en 1980 en Islares (Cantabria) y del policía nacional Valentín Godoy en 1977 en La Puebla de Arganzón (Burgos) -el único atentado mortal de la provincia- pero, al menos, durante la cronología aquí estudiada, el impacto del terrorismo fue más significativo en la región riojana. De hecho, hay elementos suficientes para considerar que La Rioja fue un territorio fronterizo conflictivo, como se ha visto a lo largo de la exposición de resultados de este artículo. Si bien, si atendemos exclusivamente a las cifras, aportadas en otro trabajo centrado en los miembros de las FCSE fallecidos en Euskadi entre 1982 y 1994 (Mota Zurdo, 2021)^Ref28, se podría ofrecer una imagen errónea sobre el impacto que tuvo el terrorismo, por ejemplo, en Burgos. En el citado estudio, se concluyó que la procedencia mayoritaria de las víctimas mortales de las FCSE que fallecieron en el País Vasco durante el periodo indicado eran naturales de Castilla y León, una comunidad limítrofe. Pero conviene realizar el siguiente matiz: la mayoría procedía de provincias alejadas del territorio vasco como Ávila, Salamanca o Zamora. Por consiguiente, aunque se extrapolaran las conclusiones obtenidas con esos datos a la cronología que aquí nos ocupa, convendría realizar siempre esa salvedad, y, a priori, los sondeos realizados continúan confirmando que la mayor parte de las víctimas procedieron de zonas castellano-leonesas alejadas del País Vasco. Con esta precisión no se quiere negar que Castilla y León se mantuviera al margen del terrorismo, para nada. Es evidente que ETA dejó una honda huella en esta comunidad, pero conviene precisar que, en su provincia limítrofe con Euskadi, es decir, Burgos, el terrorismo etnonacionalista no tuvo tanta incidencia durante estos años como en La Rioja.

Con todo, no hay estudios que se centren en las comunidades periféricas de forma monográfica y que reconstruyan el rastro que ha dejado el terrorismo etnonacionalista. Las obras de las que se dispone son generalistas o tienen otros objetivos de estudio. Hay muchas que se han hecho desde la perspectiva de las víctimas, pero se han centrado en analizar el terrorismo desde una visión holística (Fernández Soldevilla, 2021)^Ref14 o desde las organizaciones que promovieron su visibilización (Moreno, 2019)^Ref26. Otras se han centrado en el aspecto emocional, pero su objeto de estudio se ha limitado a un colectivo político concreto, como el socialismo vasco (Hidalgo, 2018^Ref20; Hidalgo y Comonte, 2020^Ref19). Y las que han incluido la perspectiva territorial se han centrado en Euskadi (Pérez, 2020)^Ref31 y Navarra (Marrodán et al., 2014)^Ref24. Por tanto, en esta multiplicidad de estudios, La Rioja y sus víctimas naturales y avecindadas quedan opacadas o incluidas dentro del maremágnum de atentados cometidos por el terrorismo etnonacionalista en el área vasconavarra.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha puesto en valor la variada casuística de personas de origen riojano -cuya historia de vida estuvo vinculada al País Vasco- y de personas afincadas en La Rioja que fallecieron a manos de las organizaciones de terrorismo endógeno ETA y CAA, ya fuera en municipios riojanos o vascos. Las biografías de las víctimas aquí estudiadas son una muestra evidente de la diversidad de perfiles, que van desde concejales a industriales de diversa proyección, pasando por policías (nacionales y municipales) y guardias civiles. Todos ellos vinculados de algún modo con La Rioja: motivos personales, origen, estancia circunstancial o destino laboral.

Algunas de estas víctimas, sobre todo miembros de las FCSE y personas que se exiliaron en La Rioja durante la Transición lo hicieron para huir de la extorsión, la amenaza y el miedo. El territorio riojano, como otros colindantes a Euskadi y Navarra, les ofreció garantías de supervivencia, es decir, tuvieron la oportunidad de vivir al sur del miedo, como ha indicado Domínguez (2003, p. 12)^Ref11 para aquellos lugares con baja incidencia de atentados y, por consiguiente, más seguros para determinados colectivos amenazados. Sin embargo, aunque por lo general esta ubicación les otorgó ciertas garantías de seguridad como para escapar del ritmo incesante de los ataques terroristas que los grupos etnonacionalistas vascos llevaron a cabo durante los años de plomo en el País Vasco, hay un matiz importante para el periodo estudiado en lo que respecta al territorio riojano: este no fue tan seguro, aunque fuera mucho más tranquilo que Euskadi o Navarra, como se ha visto de las víctimas estudiadas (Ugarte, 2018)^Ref37.

El examen de las fuentes ha permitido poner en valor sus perfiles y los motivos por las que estas personas fueron asesinadas. Así, este artículo ha contribuido a visibilizar su historia, ponerla de relieve y favorecer su memoria. Siguiendo al superviviente del holocausto Thomas Buergenthal, se ha hecho alusión a las víctimas por su nombre y apellido, es decir, de una forma que no implicara deshumanizarlas de modo involuntario “y trivializar lo profundamente humano de dicha tragedia”, porque “los números transforman a las víctimas en una masa fungible de cuerpos anónimos y despojados de alma, en lugar de verlas como los seres humanos individuales que algún día fueron” (Buergenthal, 2008, pp. 10-11)^Ref6.

Por tanto, tras el análisis realizado en este trabajo se puede indicar que ahora se conoce más su biografía e historia personal, sin olvidar que se ha situado su trayectoria en el contexto histórico de las acciones de las que fueron objetivo. En su mayoría fueron asesinados por ser -o haber sido- representantes políticos e institucionales, así como servidores públicos de los diferentes Gobiernos de España tanto en dictadura como en democracia, lo que a su vez confirma la tesis ya apuntada por la historiografía académica de que, independientemente de la naturaleza del régimen, la lucha de ETA no fue contra el franquismo o sus restos, sino contra el Estado, independientemente de su naturaleza.

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que la mayoría de las acciones terroristas cometidas en el territorio fronterizo fueron implementadas por comandos itinerantes que dispusieron de efectivos en la zona, si bien, en el caso de La Rioja hubo un mayor interés por cometer acciones continuadas y sistemáticas, como se ha visto para el año 1980. En este sentido, se pueden apuntar algunas hipótesis sobre porqué ETA atentó en La Rioja durante este periodo: la instalación de grupos antiterroristas de las FCSE en Logroño; el seguimiento a industriales vascos que se exiliaban en este territorio debido a su cercanía a Euskadi y Navarra, huyendo de la extorsión económica y la presión social a la que eran sometidos en sus lugares de origen; las campañas de ETA contra miembros de las FCSE; el avecindamiento de miembros de esta naturaleza en el territorio; y la presencia de un significativo número de miembros de ETA de origen riojano, que permitió a la organización llevar a cabo sus acciones en el territorio, como se ha visto con Soares Gamboa.

La Rioja fue, como se ha visto, un campo de pruebas para ETA. Ya en julio de 1980 la organización trató de cometer su primera gran matanza de guardias civiles utilizando un explosivo plástico por control remoto y fue aquí cuando utilizó por primera vez la estrategia del coche-bomba para cometer un atentado mortal, lo que implicó un cambio estratégico. Una serie de circunstancias pioneras que se han puesto en valor en este artículo, junto al principal objetivo del trabajo: visibilizar a las víctimas de origen riojano y/o afincadas en La Rioja que, en comparación con las más mediáticas, han quedado relegadas a un segundo plano.

6. Limitaciones del estudio

Al tratarse de un estudio de revisión histórica, donde se aportan nuevos datos que son fruto de entrevistas a los protagonistas, de fuentes judiciales y de archivo, hemos de reconocer algunas limitaciones. La principal es que no se ha elaborado un análisis cuantitativo, pues se considera que este sería oportuno en un trabajo de mayor recorrido que permita vislumbrar sinergias y continuidades, si las hubiera. Asimismo, aunque se ha acudido a todos los archivos de los municipios riojanos que aquí se recogen, en muchos casos, no hay rastro de la víctima en las actas de pleno, por considerarse que el asunto era político y que debía tratarse en otros espacios. Uno de ellos ha sido el Archivo Municipal de Logroño, en el que no se ha encontrado referencias a estas víctimas en las actas. Si bien algunas de sus impresiones y declaraciones se han obtenido de la prensa, que ha sido el contrapunto necesario ante la falta de documentación primaria.

Este artículo, empero, arroja luz a las víctimas riojanas y al impacto de ETA en la región. Es el primer análisis académico sobre el impacto del terrorismo durante la Transición en La Rioja, entendiendo el fenómeno desde una perspectiva territorial y atendiendo a la definición de la comunidad riojana como espacio periférico. Asimismo, contribuye a complejizar nuestro conocimiento del fenómeno a nivel regional sin descuidar el marco de las investigaciones sobre terrorismo endógeno a nivel nacional, a las que complementa. Por eso, estudios como este contribuyen a abrir la espita por el interés académico en el estudio del rastro que el terrorismo endógeno y etnonacionalista ha dejado en comunidades periféricas, porque desde ahí también, desde la periferia del problema, se puede construir una historia rigurosa sobre el fenómeno que evite sesgos y no omita a ningún protagonista.

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40) Ministerio del Interior, 9-XII-2015. Recuperado el 23 de febrero de 2022 de https://bit.ly/3vKczW5

41) Deia, 10-III-1979, p. 1 y 9; 27-III-1982, p. 11; 3-IV-1982, p. 35.

42) Egin, 16-IV-1978, p. 7. Egin, 23-VII-1980, p. 7. Egin, 24-VII-1980, p. 7.

43) El Correo, 14-XII-1978, p. 14; 10-II-1979; 15-X-2011, p. 9; 15-XII-1978, p. 13; 16-XII-1978, p. 15; 16-I-1979; 16-X-2011, p. 9.

44) El Diario Vasco, 17-XII-1977; 11-III-1979, p. 2; 13-III-1979, p. 3.

45) El Mundo, 2-IV-2004.

46) El País, 10-III-1979; 16-VII-2019; 23-VII-1980; 28-XI-1980; 7-XII-1978.

47) La Rioja, 10-X-2020; 18-III-2018, p. 12; 18-III-2018, p. 13; 22-IV-2018, p. 10 y 11; 28-XI-1980, p. 2; 29-IV-2018, pp. 10-11; 3-IX-2008; 5-V-2018.

48) La Vanguardia, 23-VII-1980, p. 1 y 6.

49) Radio Bilbao, 13-IV-2020.

50) Audiencia Nacional (AN), sala de lo penal, sección 1ª, sumario número 34/2010, juzgado central de instrucción número 1, 21-IV-2010, sentencia 34/2010.

51) Sala de lo penal, sección 2ª, sumario 92/80, Juzgado central número 2, Rollo 92/80, 1-VII-1996, Sentencia 58/96.

52) Sala de lo penal, sección 2ª, sumario 35/85, Juzgado Central 2, Rollo 51/85, 10-XI-1989.

53) Archivo Municipal de Pradejón. Actas municipales de pleno. Sesión extraordinaria del 21 de julio de 2008.

1) Durante la década de 1970, ETA experimentó una crisis interna sobre cómo articular violencia y política, exacerbada tras el atentado de la calle Correo de Madrid de 1974. Surgieron así dos organizaciones diferenciadas: la militar, que reivindicó el uso de la violencia, y la político-militar, que trató de unir lucha política y terrorismo (Mota Zurdo y Fernández Soldevilla, 2021). En este trabajo, se hace referencia a los atentados de ETAm y para ello se utilizará sólo las siglas ETA.

2) Entrevista de José Antonio Pérez a José Miguel y Mari Sol Chávarri, Logroño, 2018.

3) Entrevista de José Antonio Pérez a José Miguel y Mari Sol Chávarri, Logroño, 2018.

Mota Zurdo, David

David Mota Zurdo es profesor en la Universidad de Valladolid. Investigador invitado en Georgetown University y colaborador del Centro de Estudios sobre Conflictos Sociales de la URV. Sus líneas de investigación son los nacionalismos, las identidades, la violencia política, la música, la cultura popular y la historia del deporte.